Diez años después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en Cartagena, la Unidad de Restitución de Tierras reportó más de 3.800 sentencias favorables y 455.000 hectáreas entregadas o compensadas entre agosto de 2022 y junio de 2026, según Portafolio, con datos recogidos también por RFI.
El aniversario cae bajo el gobierno de Abelardo De La Espriella, crítico del pacto. El canciller Omar Bula afirmó en Naciones Unidas que el Ejecutivo “remoldeará” lo suscrito, un anuncio que pone en juego el rumbo de la implementación sin derogar el acuerdo.
EFE recuerda que el mandatario sostiene que en Colombia no hay conflicto armado, lectura que choca con el origen del texto de 2016. El Gobierno se comprometió, no obstante, a fortalecer la articulación con la Misión de Verificación de la ONU. En la mira también está la JEP, diseñada para operar hasta 2028.
En el Pacífico persisten brechas entre fallo y retorno. En la zona rural de Buenaventura, 48 familias afrodescendientes del Consejo Comunitario La Esperanza, desplazadas en 2003, obtuvieron título colectivo pero aún esperan sentencia de restitución. Rosa Milena Becerra Rosero denunció ante RFI ventas de tierra, tala y amenazas a líderes.
El expresidente Juan Manuel Santos reconoció incumplimientos, defendió la sustitución de cultivos frente a la fumigación y propuso un movimiento por la implementación. El primer texto se firmó el 26 de septiembre de 2016 ante unos 2.500 invitados; tras el plebiscito, se ajustó y se firmó de nuevo el 24 de noviembre.
El dato de 455.000 hectáreas no cierra el debate: mide un frente de la reforma rural bajo dos gobiernos, mientras De La Espriella redefine seguridad por sometimiento y fuerza. La tensión política será si “remoldear” se traduce en menos JEP y menos restitución, o en ajustes formales con continuidad operativa bajo supervisión de la ONU.