
Petro, Fecode y el desastre de la salud
Las denuncias de maestros por demoras, falta de medicamentos y dificultades de atención ponen bajo escrutinio el modelo de salud del magisterio implementado en 2024 durante el gobierno de Gustavo Petro.
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Las denuncias de maestros por demoras, falta de medicamentos y dificultades de atención ponen bajo escrutinio el modelo de salud del magisterio implementado en 2024 durante el gobierno de Gustavo Petro.

El proyecto contempla penas más severas, cárceles de máxima seguridad y persecución financiera contra grupos armados ilegales, sujeto al trámite legislativo y al control constitucional.

La situación financiera de RTVC, los compromisos presupuestales y las denuncias sobre presuntas presiones editoriales reabren el debate sobre el manejo de los medios públicos durante la administración de Gustavo Petro.

De La Espriella advierte que los recursos de la Nación estarán bajo vigilancia y lanza un mensaje a alcaldes y gobernadores: la lucha contra la corrupción deberá traducirse en controles y resultados, sin distinciones políticas.

Las declaraciones de Rodrigo Londoño reabren el debate sobre las condiciones negociadas en La Habana y los beneficios judiciales concedidos a los excomandantes de las Farc.

La derrota de Lula en Brasil obliga a la izquierda latinoamericana a mirar hacia sus propios errores y a escuchar el creciente malestar de los electores.

Una crítica a la defensa del petrismo y a la costumbre de atribuir los aciertos al expresidente y los fracasos a sus adversarios.

La condena y las decisiones judiciales relacionadas con el expresidente del Senado abren un nuevo interrogante sobre el trámite de la reforma pensional

La disputa entre Enrique Gómez Martínez y el Centro Democrático refleja una fractura más amplia dentro de la derecha colombiana, con las elecciones regionales de 2027 como escenario clave.

El uso de acciones de tutela en controversias relacionadas con declaraciones y actuaciones del Gobierno abre el debate sobre los límites entre el control político y la judicialización de las disputas públicas.

Subtítulo: La discusión sobre las candidaturas del petrismo en Barranquilla pone sobre la mesa la experiencia administrativa, la capacidad de ejecución y el papel de las redes sociales en la política local.

La discusión sobre el presupuesto de la JEP pone bajo la lupa sus gastos, su estructura administrativa y los resultados obtenidos en la recuperación de bienes destinados a la reparación de las víctimas.

El cambio de estrategia frente a las estructuras criminales abre una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico y el control territorial, pero los resultados deberán medirse más allá de los discursos y los operativos.

Estados Unidos y China libran una disputa estratégica por el control de la inteligencia artificial

El ascenso de Delcy Rodríguez tras la salida de Nicolás Maduro abre un nuevo capítulo para Venezuela, mientras persisten los cuestionamientos sobre el proceso electoral de 2024 y la continuidad de figuras vinculadas al anterior gobierno.

La Asamblea General de Naciones Unidas vuelve a reunir a líderes mundiales entre discursos, debates y promesas, mientras persisten conflictos y crisis internacionales sin soluciones definitivas.

Durante cuatro años, el Pacto Histórico vendió la Paz Total como la gran respuesta al conflicto armado y al crimen organizado, pero las cifras dejan al descubierto el rotundo fracaso.

Salud quedaría alrededor del 1 %, mientras la regionalización identifica cerca de $22.221 millones para ese sector.

Mientras Colombia esperaba resultados judiciales, el gasto de personal de la jurisdicción aumentó 16 % en apenas un año.

La creciente autonomía de estos sistemas plantea nuevos riesgos cuando las máquinas reciben objetivos y capacidad para actuar.

La propuesta ubica sedes alternas en Barranquilla, Medellín y Cali. El debate real es si allí se tomarán decisiones, se moverá presupuesto y se rendirán cuentas.

La salida de Nicolás Maduro cambió el rostro del poder, no su estructura. Delcy Rodríguez y las instituciones controladas por el chavismo siguieron al frente.

La Resolución 3938 fija $20.451.948 por irregularidades contables, pero aún admite reposición y no está en firme.

Los registros oficiales muestran 223 a 701 secuestros, 9.791 a 13.417 extorsiones y 13.536 a 14.038 homicidios entre 2022 y 2025.

El CNE liquidó $4.991.735.840 brutos por 573.104 votos y descontó $49.917.358 de auditoría externa.