El manejo de los recursos de la campaña presidencial de Santiago Botero quedó en el centro de la controversia tras conocerse los gastos que reportó ante las autoridades electorales. El empresario, quien en 2025 aseguró públicamente que estaba dispuesto a invertir hasta $70.000 millones en su aspiración, recibió un anticipo de $4.500 millones provenientes de recursos públicos para financiar su participación en las elecciones presidenciales de 2026. Según la información publicada por Semana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó el desembolso el 20 de mayo de 2026 y el dinero fue girado el día 22 del mismo mes. La primera vuelta presidencial estaba prevista para el 31 de mayo, por lo que los recursos llegaron a la campaña apenas nueve días antes de la jornada electoral. Esta situación puso el foco sobre la rapidez con la que se ejecutó el dinero y el destino que se le dio. Los informes de ingresos y gastos registrados por la campaña en la plataforma Cuentas Claras reportaron desembolsos por $6.895 millones. De ese total, $4.500 millones correspondieron al anticipo estatal, lo que representa cerca del 65 % de los recursos utilizados. Además, la campaña declaró haber destinado $5.204 millones a propaganda electoral, de los cuales el 96,25 % habría quedado concentrado en tres compañías: LTRES Comercializadora SAS, con $1.912 millones; Cónclave LF SAS, con $1.703 millones, y D2 Publicidad SAS, con $1.394 millones. También surgieron preguntas sobre las empresas que recibieron los mayores montos por publicidad. Según los registros mencionados en la publicación, LTRES Comercializadora SAS fue matriculada en abril de 2026 y tiene como actividad comercial la papelería y los libros, mientras que Cónclave LF SAS fue constituida en marzo del mismo año. Esta última habría recibido $1.703 millones y, de acuerdo con la información divulgada, tendría registrada una dirección en un apartamento residencial de Piedecuesta, Santander. Los datos conocidos plantean interrogantes sobre la contratación, la ejecución y la destinación de los recursos empleados en la campaña de Botero. Sin embargo, corresponde a las autoridades competentes verificar la documentación, establecer si los gastos cumplieron con las normas de financiación electoral y determinar si existe alguna irregularidad. Los reportes sobre pagos y registros comerciales, por sí solos, no constituyen prueba de una conducta ilegal. Los excandidatos presidenciales Sondra Macollins, Claudia López y Mauricio Lizano también pidieron millonarios anticipos al Consejo Nacional Electoral y se los autorizaron. El excandidato Santiago Botero dijo ser multimillonario, repartió dinero al inaugurar su sede y aseguró tener 70.000 millones de pesos para su campaña. Sin embargo, pidió al Estado un anticipo de 4.500 millones y lo gastó nueve días antes de las elecciones.
Dijo que tenía $70.000 millones, pero pidió $4.500 millones al Estado: las cuentas de Santiago Botero entre las que aparece una peluquería
Aunque el excandidato presidencial aseguró tener una fortuna de $70.000 millones para financiar su aspiración, su campaña recibió un anticipo estatal de $4.500 millones y reportó gastos por $6.895 millones.
