La paz total no logró consolidar resultados sostenibles en los territorios debido a fallas metodológicas, de articulación institucional y a la fuerte resistencia de sectores vinculados a la ilegalidad. Esto es lo que concluye un informe de organizaciones de defensoras de derechos humanos durante la investigación y el lanzamiento de los informes ‘Los alcances del cambio: brumas en el horizonte’ y ‘Progresos sociales bajo amenaza de regresividad y avance del conflicto. La investigación fue desarrollada por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz, y la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos. Grupos como el ‘clan del Golfo’, señalan las organizaciones, expandieron su presencia un 152%, alcanzando 429 municipios. Las disidencias, por su parte, crecieron un 109%, logrando presencia en 376 municipios; el Eln logró subir un 22% y los grupos vinculados a la Segunda Marquetalia un 108%. Las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, argumentan que durante el periodo entre enero y agosto de 2025 los civiles afectados por artefactos explosivos aumentaron un 145%, con un total de 544 víctimas; asimismo, las víctimas de minas antipersonal crecieron un 23%. “La expansión de los grupos armados disparó el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, golpeando con mayor severidad a comunidades indígenas y afrodescendientes”, se lee en la investigación. El documento concluye con una alerta dirigida al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Las plataformas expresan preocupación por los anuncios de recortes al gasto social, la reactivación de un enfoque predominantemente militarista de la seguridad y el cuestionamiento a las agendas de equidad. Para las organizaciones, esos factores pueden ser una amenaza al principio de no regresividad de los derechos humanos.

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