El Gobierno objetó por razones de constitucionalidad e inconveniencia el proyecto que buscaba impedir reducciones individuales de requisitos para ocupar cargos directivos del Estado. La iniciativa fue radicada como Proyecto de Ley 056 de 2024 en la Cámara y 345 de 2024 en el Senado. Su autor fue Hernán Darío Cadavid Márquez, entonces representante y hoy senador, según la ficha oficial de la Cámara y los reportes sobre la objeción. El registro institucional señala que el proyecto fue aprobado en la Comisión Séptima Constitucional Permanente el 29 de octubre de 2024 y enviado a la Secretaría General el 27 de noviembre para continuar el trámite.
Qué buscaba el proyecto
La ficha de la Cámara describe una regla para actualizar las plantas globales de empleo sin disminuir de manera individual los criterios mínimos para cargos directivos del sector público nacional y para juntas directivas mayoritarias en empresas con participación estatal. La iniciativa pretendía que una entidad no pudiera bajar esos requisitos sin estudios técnicos y conceptos previos de las autoridades señaladas en el texto.
El argumento del Ejecutivo
Asuntos Legales y El Espectador reportaron que la Presidencia consideró que el proyecto invade competencias del Ejecutivo y convierte funciones consultivas del Consejo de Estado en pasos obligatorios. El Gobierno también sostuvo que ya existen pisos mínimos en el Decreto Ley 770 de 2005 y que los trámites podrían retrasar la provisión de cargos. Esos son los motivos expuestos por el Ejecutivo, no una decisión judicial sobre la constitucionalidad de la norma.
Cadavid sostiene que el presidente conservaría la facultad de nombrar, siempre que escoja personas que cumplan requisitos mínimos. También cuestiona que se presente como vinculante un concepto consultivo del Consejo de Estado. El Congreso tendrá que contrastar esa interpretación con los reparos presidenciales. La objeción devuelve el texto a una etapa legislativa: Senado y Cámara deben estudiar los argumentos del Gobierno y decidir si los aceptan o si insisten en el proyecto aprobado. Mientras no termine ese trámite, la iniciativa no puede presentarse como una ley vigente.