El Gobierno colombiano confirmó el cierre de tres mesas de diálogo con grupos armados ilegales instaladas durante la administración de Gustavo Petro. La decisión marca un cambio de rumbo en la política de paz y prioriza una estrategia centrada en la seguridad y la autoridad estatal.
Entre los procesos terminados están los diálogos con estructuras vinculadas a alias ‘Calarcá’, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
¿Por qué terminaron las negociaciones?
El Gobierno argumentó que no encontró una voluntad real y verificable de paz por parte de las organizaciones armadas. También señaló incumplimientos y la continuidad de actividades criminales en varias regiones del país.
Las decisiones adoptadas terminan formalmente las mesas de negociación y retiran el reconocimiento oficial de varios representantes de los grupos armados. En algunos casos, también se contempla la reactivación de órdenes de captura.
Un giro frente a la política de Petro
La decisión desmonta una parte importante de la estrategia conocida como “Paz Total”, que buscaba negociar con diferentes grupos armados para reducir la violencia y avanzar hacia su desmovilización.
El nuevo Gobierno sostiene que las conversaciones no pueden continuar mientras los grupos mantengan acciones armadas, control territorial o vínculos con actividades ilegales. La administración anunció que fortalecerá la presencia de la Fuerza Pública y la persecución contra las estructuras que no acepten someterse a la justicia.
¿Qué puede ocurrir ahora?
El cierre de las mesas no significa que desaparezcan los grupos armados ni que terminen los conflictos regionales. Las autoridades deberán definir cómo proteger a las comunidades ubicadas en zonas de influencia de estas organizaciones.
También será necesario conocer el plan del Gobierno para evitar nuevos desplazamientos, garantizar la atención humanitaria y diferenciar entre operaciones militares, sometimiento a la justicia y eventuales nuevos canales de diálogo.
La decisión abre un debate sobre el futuro de la política de paz en Colombia. Mientras el Gobierno la presenta como una respuesta frente al fracaso de las negociaciones, sectores cercanos al anterior Ejecutivo defienden los resultados humanitarios que, según ellos, dejaron algunos procesos.