El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, rechazó el ataque armado contra dos guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Barranquilla y advirtió que el Estado no debe permitir que las organizaciones criminales condicionen sus decisiones ni ejerzan control sobre las instituciones penitenciarias. El mandatario expresó su preocupación por los hechos y señaló que las autoridades deben fortalecer los controles dentro de las cárceles para evitar que desde estos establecimientos se continúen coordinando actividades delictivas, especialmente extorsiones contra comerciantes y empresarios. Verano también manifestó su respaldo a las medidas impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas los traslados de internos y el fortalecimiento de la vigilancia en los centros de reclusión. Según indicó, es necesario mantener el control sobre las comunicaciones y otras actividades que puedan facilitar la operación de estructuras criminales desde las prisiones. El pronunciamiento se produjo después del ataque contra los dragoneantes Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín, quienes se movilizaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por sicarios en el barrio Santo Domingo, en el suroccidente de Barranquilla, durante la noche del sábado. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los dos funcionarios resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial de alta complejidad, donde reciben atención médica. El gobernador también manifestó inquietud por la seguridad del personal penitenciario, al señalar que los funcionarios estaban temporalmente en Barranquilla y que, según la información conocida, uno de ellos habría sido víctima de un ataque en otra ciudad. Por su parte, la Defensoría del Pueblo rechazó la agresión y las amenazas contra altas autoridades del Estado. La entidad advirtió que este tipo de acciones busca interferir en las decisiones de las autoridades para ejercer el control de los establecimientos carcelarios. Asimismo, solicitó reforzar las medidas de prevención y protección para los trabajadores del sistema penitenciario y sus familias, en medio de las preocupaciones por los riesgos que enfrenta este personal.

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